Estamos acostumbrados a interesarnos por la vida política nacional. El presidencialismo de opereta Rajoy – Rubalcaba lo absorbe todo, máxime cuando nos hallamos en un permanente periodo pre-electoral, como padecemos desde enero de 2011 y del que no saldremos hasta el discurso de Nochebuena del Rey. Hasta tal punto –creemos- que no existen más políticos de verdad que los que están en La Moncloa o en la Carrera de San Jerónimo; el “gobiernín”, los “ministrinos” (expresiones éstas creadas por el populacho de las Asturias principescas para referirse al Presidente del Consejo de Gobierno autonómico y a los Consejeros) y demás realea asamblearia legislativa que pulula en las Autonomías, gracias al erario público, no es tenido en consideración tal; sea por la cercanía -especialmente en regiones tan pequeñas como esta mía desde la que escribo-, la mayoría de los ciudadanos, por mucho que queramos, no proyectan los vicios “madrileños” a nuestros políticos de ferias ganaderas, mercados artesanos y pinchos de tortilla.

 Sin embargo, detenerse un poco a pensar y, sobre todo, a observar la realidad, obligará a cambiar las certezas. Frente a la opinión generalizada de que en nuestra casa no cuecen habas partitocráticas, el criterio empírico, la realidad insoslayable, de que se cuecen a calderadas indigestas.

 La Constitución española de 1978, que como ya llevo insistiendo desde hace tiempo, es la novena Ley Fundamental del Franquismo (aunque sin Franco, pero con heredero directo, que no electo) proyecta en las Comunidades Autónomas el mismo sustrato político que el del Estado lo cual, no ya permite, sino que garantiza, que los vicios antidemocráticos del Estado de Partidos se proyecten y representen en la respectiva taifa autonómica: El régimen electoral, la necesidad de que el presidente del gobiernín sea miembro de la Asamblea Legislativa, anulando la separación de poderes, los juegos de las mayorías parlamentarias, la necesidad de la firma del presidente del Consejo de Gobierno para la publicación de las Leyes autonómicas (eso sí, en nombre del Rey), etc. permiten concluir que a provincias no sólo se van a representar obras de teatro cuando el público madrileño se agota, sino que extrarradio de la capital del Reino, la casta política va a seguir atentando impunemente contra la libertad política y los derechos de los ciudadanos a la representación, regalando dádivas en forma de diputados, senadores autonómicos, alcaldías y ministrinos. Y ello es más grave aún, precisamente por la cercanía –al menos geográfica- entre políticos y ciudadanos. Compartimos tierra, pero no mesa; casa, pero no mantel.

 El régimen de poder estatal opera cualitativamente igual en las instituciones del poder central que en cualquier Comunidad Autónoma; los mismos intereses espurios entre políticos, medios de comunicación y empresas (cambian los nombres, pero no los objetivos); los mismos consensos con diferentes actores: Aunque todo está más próximo a la ciudadanía, toda la miseria moral, todo el engaño ante nuestros ojos se antoja, por eso mismo, más imposible. Y sin embargo, tan real será el presidencialismo tiranizante de Rajoy en España como lo es el de Artur Mas en Cataluña, Feijóo en Galicia o Álvarez-Cascos e Asturias. Como antes lo fue el de Revilla en Cantabria, Ibarra en Extremadura o Ibarretxe en Euskadi. No se libra ni un metro cuadrado de nuestra patria.

  Por ello es fundamental denunciar los abusos más próximos de los partidos orgánicos y de los órganos de los partidos en nuestros pueblos, ciudades o regiones; es fácil ver los hechos, pues están ahí, en cada página del diario regional de turno, de la programación de las emisoras locales.

 Artículo publicado el 4 de noviembre de 2011 en www.diariorc.com

La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha enervado a numerosos profesionales de la abogacía y a los jueces aún decentes que sobrevivan por los palacios de justica. Aquellos que día a día se pelean en los Juzgados, con toga y sin ella, por defender a sus clientes o la dignidad de un servicio esencial para la ciudadanía, echan humo de rabia y se suman a eso que ahora se llama Indignación, pero que más bien es pataleo infantil, perreta ineficaz por impotencia ante lo que les toca digerir a estos profesionales. 

Por decirlo de manera simple, la LEC viene a regular el procedimiento judicial en el orden jurisdiccional civil; aunque la norma reviste trascendental importancia, es insoslayable manifestar que el procedimiento no es más que un cauce donde dilucidar las cuestiones de fondo de un asunto; una vía hacia una destino concreto: Impartir Justicia. El atasco judicial creado por la indolencia, la ineptitud, la demagogia, las tácticas cortoplacistas y basadas en la más absoluta ignorancia acerca del acontecer diario en Juzgados y Tribunales, ha obrado el efecto diabólico (¿tautológico?) de convertir el proceso en el núcleo fundamental del proceso; esto es, el medio se convierte en un fin. Y como es sabido, el fin justifica los medios; en Estados sin Libertad política, sin democracia y sin ciudadanía organizada al margen del propio Estado, se agrava exponencialmente, por la incapacidad social de controlar el poder, como sucede en España.

Ya se ha puesto de manifiesto en este diario lo absurdo de la reforma, los mecanismos partitoráticos que la han ido generando fruto de la prepotencia del oligarca, tan irresponsable como intocable, ante la aberración que ha cometido. Han sido numerosas las críticas y, nuevamente sucede en provincias (esta vez es Lugo), un grupo de abogados está adoptando medidas coordinadas contra lo que se viene encima.

No es una cuestión de mayor o menor oralidad en el proceso; esta reforma no se soluciona con un curso de oratoria ni retórica jurídica, de los que empiezan a abundar en facultades de Derecho y Escuelas de Práctica Jurídica. No se trata tampoco de consagrar una Justicia para ricos y para pobres, aunque mucho habrá en eso. De las primeras cosas que aprendemos en las facultades de Derecho es que la Justicia no ha de ocuparse de “lo social”, sino exclusivamente de dar a cada uno su Derecho; lamentablemente, nos imponen el mantra de que será el legislador el que establezca lo que pertenece a cada uno o a nadie, quedando el Juez como mero ejecutor de las decisiones del Parlamento, desnudando así a la Justicia, no ya de su venda, sino de su pudorosa túnica, al albur de las decisiones de los diputados y de su retorcida y deficiente balanza. 

Uno de los aspectos más graves de la reforma radica en que, para aquellos procesos de cuantía inferior a los 3.000 euros, el Juez de primera instancia se convierte en el Juez de única instancia, sin posibilidad real (motivos excepcionales siempre se prevén, aunque vayan a ser de muy dudosa aplicación) de apelación a instancias superiores. Muchas de las cuantías que se dilucidan en los procesos judiciales son inferiores a esa cantidad; en Asturias, por ejemplo, en materia de servidumbres o antojanas; pero a nivel general, sólo hay que pensar en el día a día de las reparaciones de talleres, las reclamaciones por accidentes de tráfico, las responsabilidades civiles por la persona que se cae en el supermercado, o todas aquellas que no cabrían en un Vademecum de cantidad inferiores a los tristes 3000 euros,... Para demostrar la gravedad del problema, sólo hay que comparar las magnitudes económicas siguientes: El IPREM, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples para 2011 es de 7.455,14€, lo cual equivale 532,51 euros mensuales; y el salario mínimo interprofesional está 641,40 euros al mes; el alquiler medio de una vivienda en España se situaba en septiembre de 2011 en 696 euros mensuales, según la web www.enalquiler.com (esto quiere decir, por ejemplo, que un arrendador que quiera desalojar a sus inquilinos de su propiedad, para poder tener derecho a una segunda instancia de revisión de su procedimiento, deberá dejar –si está bien asesorado por un letrado- que transcurran seis meses antes de poder presentar la correspondiente demanda en el Juzgado). Y así sucesivamente.

La realidad de los jueces es que no actúan ciegamente, como la Justicia. Suena mal decirlo y cuesta escribirlo, pero no por ello es menos cierto. Los jueces son personas, con sus filias y sus fobias, sus favoritos y sus “caídos en desgracia”, sus días buenos y sus días malos. Hasta ahora, la apelación era una segunda oportunidad para todos los que accedían a la Justicia, incluidas las personas con pocos recursos o con un abogado mal visto, por combativo o, glosando a Cervantes, “mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el defenderla”. A partir de ahora, muchos jueces de primera instancia, recién salidos de la Escuela Judicial, con poca experiencia, mucha arrogancia y jactancia, demostrados conocimientos memorísticos pero poco prácticos, etc., incluso alejados de la realidad social en la que deberán ejercer su función, gozarán de una impunidad pluscuamperfecta: Nadie les va a controlar directamente por sus actuaciones. Y eso es muy peligroso. El poder sin control deviene en tiranía; cuando la tiranía no es ejercida en un régimen ad hoc, troca en clientelismo o caciquismo. Además, será del más rancio y hortera: el picapleitos pelota con la falsa sonrisa, el comercial de buffet que no se pierde una sola charla u homenaje al Juez del partido judicial de 3ª categoría, por ejemplo.

Aquellos abogados, procuradores o profesionales de la Justicia que piensen que pueden cambiar el sistema desde dentro, con las normas del propio régimen judicial, yerran tanto como los afiliados a partidos renovadores, regeneradores de la nada o asociaciones subvencionadas partícipes de la gran mentira del Estado de partidos, que desde dentro pretenden dinamitarla a base de guijarros de piedra pómez. Deben comprometerse unidos, al margen incluso de sus colegios profesionales, con la defensa de la Justicia y contra el régimen injusto establecido. O eso, o se verán condenados a vagar cada vez más en un sistema que les absorberá la sustancia gris en superar las cuestiones formales o procedimentales, sin dejarles tiempo ni capacidad para abordar realmente los asuntos de fondo. Y es que el hombre no se hizo para el proceso, sino el proceso para el hombre. La solución, pese a quien pese, existe y tiene un nombre. La República Constitucional.

 Artículo publicado el jueves, 27 de octubre de 2011, en www.diariorc.com

Se celebra esta semana en Oviedo la entrega de la XXXI edición de los Premios Príncipe de Asturias;  anualmente desde 1981 se reúnen en la capital asturiana, durante la tercera semana de octubre, los premiados en las distintas categorías, los cuales expondrán su saber hacer o pensar al vulgo llano y a la casta gobernante. El gran día es el viernes; las calles del centro de la ciudad se cierran, por la autopista Oviedo –Gijón – Avilés veremos a parejas de guardias civiles y vehículos de las Unidades Intervención Policial; la televisión retransmite la llegada de premiados y autoridades, así como de los personajes más importantes de la fiesta: La Reina Sofía, el Príncipe y la asturiana princesa de Asturias.

 Como es obvio en esta centuria (nada hemos evolucionado en este sentido de los gladius romanos), los premiados que más pasiones desatan son los deportistas o los que más han frecuentado los medios de comunicación. Sin embargo, quiero pensar que algo une a todos los premiados (unos más polémicos que otros, por supuesto): su esfuerzo, su capacidad, su curriculum, su dedicación a aquellas materias por las que se han decidido y a las que han consagrado su vida o de las que simplemente son un símbolo (de esperanza, de sacrificio,…); en definitiva, su espíritu de superación; de una u otra manera, todo ellos ayudan a que el mundo sea mejor.

 Pero también es momento, en este octubre de 2011, de otros premios. Son los protagonizados por los partidos políticos y sus listas electorales. Brillan por su ausencia sus ocupaciones al margen del partido o su cuota de poder en el pastel estatal. Por ejemplo, vistas las ocupaciones previas de los miembros de los grandes partidos del régimen, PP y PSOE, tanto en la actual Junta General del Principado como en las listas electorales a Congreso y Senado para el 20 de noviembre, hallamos los siguientes méritos: Ser secretario general de las juventudes socialistas, ser abogados con despacho pantalla para maquillar una profesión fuera de los palacios de gobierno, sin haber pisado un Juzgado con la toga puesta, prejubilados de empresa pública minera o siderúrgica con más años de prejubilación que de servicio activo o, lo más grotesco, haber obtenido un notable de nota media en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo y haber trabajado (no se dice de qué) como tutor de la Fundación Cánovas del Castillo; o formar parte de una tertulia feminista; estos son algunos de los méritos que adornan a nuestros “otros premiados”. Ni rastro de las virtudes que presuntamente adornan a los premiados reales de esta semana; ni un atisbo de espíritu crítico, ni un rasgo de intelectualidad o de pensamiento libre e independiente; salvo honrosas excepciones, la nada en la vida profesional más allá del pesebre del partido de turno o de la secta ideológica de la que proceden.

 La gran diferencia entre unos premiados y otros radica en que unos están por méritos propios y otros por deméritos de un régimen que, corrupto en su esencia, sólo sabe corromper a quien de él pretende vivir, conduciendo a la degeneración actual.

Los asturianos, ciudadanos y paganos directos o indirectos de unos y otros premios, recibimos a cambio los siguientes galardones: 20% de la población en riesgo de pobreza (200.000 personas sobre un millón de habitantes), la tasa de desempleo juvenil más alta de España (más de 45%), emigración cualificada e inmigración no cualificada.

 Soy asiduo oyente de la Radio del Principado de Asturias, sociedad perteneciente al Ente de Comunicación del Principado; y conozco a 4 funcionarios que están desarrollando allí su labor. Intentaré dar mi opinión sobre todo lo que está sucediendo, pues el debate político está siendo de una calidad pésima (debates más flojos que el Twiter de un analfabeto); no es en realidad un debate sobre la RTPA, sino un debate contra el gobierno de Cascos; sólo así puedo entender la caída del caballo del PP, por ejemplo. Como siempre, espectáculo lamentable el de los parlamentarios y políticos asturianos.

 La RTPA nace con polémica, por mucho que una Ley del Principado le dé soporte. La derecha no la quería y un sector de la izquierda tampoco; sin embargo, el PSOE se empeñó y la TeleTini o la Todo Por Areces salió adelante. Tiene un presupuesto anual en 2011 de unos 35 millones de euros; una cantidad que, grande o pequeña, ha ido subiendo año a año y, aunque posiblemente sea verdad que es la más barata de las televisiones autonómicas, no lo es menos que es una televisión deficitaria en una época de vacas flacas, donde toca mirar los euros hasta el último céntimo y más allá aún, máxime cuando el deficit ahoga nuestro presente y ni qué decir sobre el futuro. Según los propios informativos, tiene una cuota de pantalla del 7% (más que Canal 9 de Valencia o Telemadrid, por ejemplo) y cuesta 0,9 € a cada asturiano por día, la vean o no, claro está.

 El programa electoral de Foro le puso la soga desde el primer momento; como el PP, que hasta hace 4 días sólo quería privatizarla o cerrarla. PSOE e IU, por supuesto, abogan por su permanencia. Es indudable que la RTPA cohesiona el territorio, algo que hacía falta en Asturias, que es una Comunidad con distancias largas y culturas distintas (sólo mencionar que en este territorio de 10.000 kms² se hablan tres lenguas, por mucho que les pese a muchas personas: español, asturiano y gallego-asturiano). También será cierto que el establecimiento de la RTPA ha supuesto una generación de empleo al abrigo del ente de comunicación, hasta el punto, según datos de Noemí Martín, diputada de IU, representante de IU y de nadie más en la Junta General, de que ha multiplicado por 3 el número de empresas audiovisuales en la región (de 30 en 2006 a unas 100 actualmente) y el número de empleos, más de 700 entre directos e indirectos. Claro está, sin ninguna duda, que muchas de esas empresas trabajan en exclusiva para la RTPA, por lo cual, más que hablar de empresarios emprendedores, podíamos pensar en un nuevo grupo de empresarios nacidos al abrigo del sector público.

 Frente a estos datos, que podrían centrar un debate objetivo, aparecen las otras causas de la movida con la RTPA. El Consejo de Administración es, sencillamente, un cementerio de dinosaurios; que me expliquen a mí que saben los ex – alcaldes o ex – diputados del sector audiovisual. Si los datos no son falsos y me temo que no lo son, cada miembro del Consejo de Administración se levanta cada año 70.000 euros por NO HACER NADA, en el mejor de los casos, en la RTPA. Y esto es insostenible y nadie está hablando de ello. Y además, hemos de poner también los cambalaches que se han hecho con los medios de comunicación asturianos en la RTPA. No puedo citar la fuente, pero me garantizaba que el acuerdo entre RTPA y La Sexta para las retransmisiones deportivas (RTPA paga un pastizal a la Sexta por la emisión del fútbol y la Fómula 1, pudiendo verse además en casi toda Asturias ya el canal privado), se debía al sostenimiento de La Voz de Asturias por el diario Público. Esto último ponedlo entre interrogantes, pues no lo tengo confirmado, pero el rumor está ahí y han podido hacerse eco de él los políticos de Foro. Si, además fuera cierto, ¡¡¡para qué contaros más!!!

 Como podéis ver, nuevamente intereses al margen de los puramente empresariales o sociales exclusivamente se mezclan en el debate, sin nadie poner los puntos sobre las “íes”.

 El caso es que en agosto se pararon las transferencias totales a la RTPA y la situación llegará a ser insostenible, abocando de manera irregular, inapropiada y desleal al cierre de la cadena.

 Me explicaré. Independientemente de que se deba cerrar o no la cadena, el Gobierno asturiano no ha actuado conforme a Derecho; o al menos conforme a la dignidad que el caso requería. Debiera haber actuado con normas legales en la mano; herramientas y técnicos jurídicos les sobran para poder haberlo hecho por el camino recto, que no siempre es el más corto, jurídicamente hablando, sin usar atajos que, a la postre, le pueden salir mal en sede judicial. Tampoco, como creo que debiera haber hecho, inició un debate sereno (no necesariamente en la Junta General y con los diputados, pues nada puede salir de donde nada hay), sino en foros adecuados de la sociedad civil y del mundo de la empresa. ¿Puede ser viable una empresa como RTPA? ¿A qué coste para el erario público? ¿Por qué no introducir la publicidad en la cadena de manera sistemática, aumentar los programas de producción propia e incluso reducir horas de emisión, por ejemplo? Soy lego en la materia, pero seguro que expertos en la materia podrían ampliar los temas. Sin embargo, el gobierno optó por la solución más drástica.

 Tengo a José Luis Balbín por persona coherente e independiente, un periodista ejemplar; se ha posicionado en contra del cierre con argumentos sobre los que yo ya había meditado hace días y que comparto casi en su totalidad.

  ¿Cuál es mi opinión sobre el cierre de la RTPA? ¿Hay que cerrarla o no? La realidad es que hay más de 700 empleos en juego, pero no hay ni un duro. Así que, a priori, estoy a favor de que no se cierre la RTPA, PERO:

1º) Se ha de limpiar el Consejo de Administración de representantes políticos, que deberán ser reducidos totalmente o, al menos, deben tener un número residual en dicho consejo. Por supuesto, no cobrarán ni un duro por figurar allí. El Consejo de Administración ha de formarse por especialistas, designados entre los propios profesionales de los medios de comunicación y con objetivos claros de servicio público y sin plazo de finalización, a fin de garantizar la independencia en la toma de decisiones; por supuesto que su función podrá ser revocada, por motivos tasados. Estarán sujetos a responsabilidad directa por las decisiones que adopten, incluso con su patrimonio personal. Mejor aun si funciona como un Consejo de Administración de cualquier sociedad mercantil.

2º) Las aportaciones públicas deben realizarse por medio de un contrato-programa donde figuren clarísimamente el destino y cuantía de los fondos. Estas aportaciones deben reducirse al máximo, con la entrada de capital privado. Además, se ha de demostrar perfectamente que es más eficiente el dinero público en la RTPA que no en otras cadenas televisivas o productoras privadas.

Si con ello no se logran objetivos o sigue siendo inasumible su coste por el erario público, entonces no quedará otro remedio que la enajenación o, en último término, el cierre.

 Últimas reflexiones.

-          Mientras que los medios de comunicación públicos sean correas de transmisión en sus decisiones de los partidos políticos gobernantes o que mantengan posiciones de primacía en el Consejo de Administración, como es el caso, no tendrán realmente un aprecio general de la sociedad y se verán abocadas periódicamente a estas situaciones, pues sobre ellos siempre existirá la sombra de la duda. Sobre los intentos de manipulación, he sido conocedor de ellos.

-          Con todo el respeto hacia la mayoría de los profesionales del Ente Público de Comunicación, se han ganado mala fama como consecuencia de las protestas y malas acciones de unos pocos. El corporativismo mal entendido es lo que tiene.

-          Por muy mal que estén las cosas en la RTPA, es un abuso profesional dedicar los informativos y programas pagados por TODOS los asturianos para informar exclusivamente de aquello que le interesa directamente a los profesionales de la RTPA. Eso es hacer un uso inadecuado de los medios públicos. Así que tirón de orejas a periodistas que, debiendo limitarse a dar información, se convirtieron en creadores de opinión. No es un su función y nuevamente han desacreditado a la cadena pública.

 Mi previsión o pronóstico. Soy optimista Creo que la RTPA se salvará y que, con buena voluntad y altura de miras, se puede hacer un Ente de Comunicación que sea valorado por la sociedad asturiana. Pero, reitero, independiente de los tejemanejes políticos y con la objetividad, la imparcialidad y la vocación de servicio público como señas de identidad de la cadena. Lo van a tener fastidiado y, como ya está sucediendo, perderán muchas plumas, pero subsistirá y puede que incluso salga reforzada.

La situación en Asturias, como en el resto de España, no es fácil; somos prácticamente un país en quiebra económica, que se ha venido incubando a lo largo de, al menos los últimos 40 años. Por poner un ejemplo, en el año 1976 se producían manifestaciones en Mieres reclamando la industrialización de las cuencas mineras asturianas; hoy, octubre de 2011, seguimos con las mismas peticiones: Que nos lo solucione el Estado, centralizado o autonómico. Las prejubilaciones se han mostrado como lo que realmente son: morfina social; los fondos mineros (millones de euros tan imposibles de cuantificar como de gastar), ante la miopía de los gestores de esos fondos, han sido el bálsamo de fierabrás a las pasiones gastizas de los manirrotos alcaldes, presidentes, empresarios del ladrillo y sindicalistas orgánicos.

 Sin embargo, las crisis económicas, por muy duras que sean, son cíclicas y, en el fondo, es dinero, algo que la esencia española ha venido despreciando históricamente, por valores que consideramos superiores e innatos a nuestra esencia patria: El honor, la decencia, la lealtad, la religión, el valor, etc. Sólo recordar las prohibiciones de trabajo manual a los nobles linajes a lo largo de la historia que, si bien es sabido fue generalizado en Europa, en ningún Estado como en el español se alargó tantos años y se asentó tan profundamente en nuestra idiosincrasia de mano muerta, que acabó siendo literatura tan clásica como la del siglo de oro, tan profunda como las cartas del prócer Jovellanos.

 La crisis española no sólo es fundamentalmente económica. Ojalá sólo fuera económica, como en Alemania o en EE.UU. La superaríamos de una u otra manera, más tarde o más temprano. Nuestra crisis es más profunda y múltiple; un país no puede estar en permanente conflicto consigo mismo, y esa es la crisis más profunda que tiene España; trasciende a la economía, e incluso a la política, para hundirse, enfangarse, en la propia consideración que los españoles tenemos de nosotros mismos: Nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra razón de ser. No me estoy refiriendo a la unidad de destino en lo universal, que diría el falangismo orteguiano, sino en qué somos. Simplemente eso. España no es un proyecto de vida en común, es una realidad innegable, tan obligatoria como la vida y la muerte, con sus particularidades fruto de nuestra azarosa historia. Nuestras fortalezas han sido vistas por los sectores más poderosos y reaccionarios de la sociedad como nuestras debilidades; nuestros heterodoxos y más preclaros pensadores fueron en sus épocas vitales perseguidos, silenciados, exiliados, laminados, traicionados, asesinados o, peor aún, ridiculizados: Pablo Olavide, Miguel Servet, Jovellanos, Rafael del Riego,… Y Antonio García-Trevijano.

 Nuestra crisis es cultural. Los españoles de esta generación tenemos índices de educación inferiores a países en vías de desarrollo; la inversión en I+D sigue a distancias elevadas respecto a las medias de los países de nuestro entorno; no se barrunta un siglo de bronce de las letras y la cultura española hasta que Felipe VIII de Borbón abdique a favor de su prima negra bastarda. Desconocemos nuestra historia y seguimos soportando la leyenda de ser un país que no ha aportado nada al mundo; pero mientras nos avergonzamos de copiar al Ombudsman nórdico, olvidamos o no nos enseñan que durante siglos, una parte de España gozó del Justicia Mayor; que mientras nos venden la Carta Magna británica, existían en el Reino de León, directo heredero del Reino de Asturias, instituciones propias y “protodemocráticas”, con un sistema de derechos y garantías para los súbditos del reino que tardarían siglos en consolidarse en otros reinos europeos cristianos (incluso peninsulares).

 Nuestra crisis es filosófica. En fin, abandonamos una “Iglesia verdadera” sin abrazar a ninguna otra falsa pero con obligaciones morales elevadas y hemos acabado creyéndonos que la moda la marcamos nosotros al igual que elegimos nuestro destino político cada 4 años. No pensamos más allá de la temporada de fútbol o la de primavera/veranos en Cibeles, que ahora se llama la fashion week. Somos el país del mundo que más ediciones lleva de Gran Hermano y que más hora de televisión basura consume; por el contrario, las páginas de internet en español (incluyendo las de Iberoamérica) apenas son un 4% del total de las existentes.

 Sobre la crisis política huelga toda redacción en un diario como éste; máxime cuando se acerca el ardoroso (por las secuelas estomacales que tanta fiesta democrática supone) 20 de noviembre.

 Nos sobra genio y capacidad; así lo reconocía don Manuel Azaña en una  hermosa conferencia pronunciada el 4 de febrero de 1911 en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares (¡Ah, las casas del pueblo, ¿quién las ha visto y quién las ve?; de luces de cultura y libertad a antros de consensos oscuros y fuentes de maquinaciones traidoras!); como decía el alcalaíno, también, nos faltan ganas, estímulos propios y dar un sentido a nuestro quehacer diario. El miedo al fracaso nos atenaza, según parece, aunque sepamos que más del 80% de las empresas que nacen en EE.UU. fracasan en los primeros dos años. Este miedo se proyecta a cada esfera de la vida. Del ¡que inventen ellos! hemos degenerado al ¡que piensen ellos! El problema es que ellos ya ni siquiera son los europeos, sino que somos los españoles de cualquier autonomía distinta a aquella en la que estemos residiendo. Antes de redactar una norma, miraremos el derecho comparado, pero no para ver qué podemos mejorar de otras normas, sino para no ir más allá en la nuestra propia. ¿El resultado? Cada vez más alejados de la realidad, con normas e instituciones cada día más obsoletas, incomprensibles e inútiles. Nos gobiernan y nos legislan desde Europa… Afortunadamente, la mayoría de las veces, pensamos tácticamente… Desgraciadamente, con una visión más profunda, pensando estratégicamente. 

El engrandecimiento de España no es un concepto fascista o franquista, excepto que tengamos un sentido totalitario de la patria. Amar a España es amar a los españoles, a los ciudadanos. Y amar a los ciudadanos es amar su libertad. Así que amar a España es, para mí, amar la libertad de sus habitantes por encima de todo. Libertad para pensar, para expresarse, para decidir, para obligarse, para amar, para discutir, para disentir, para obligarse, para elegir a sus representantes en la comunidad de vecinos o en el parlamento.

 Esa es la situación real de España en 2011. Podremos salir “técnicamente” de esta crisis económica, pero si no somos capaces de cambiar la situación política, ética y social del Estado y de la sociedad, estaremos incubando la siguiente, que siempre será más grave aún.

 Con amor a España, desde Oviedo.

 Artículo publicado en www.diariorc.com el 11 de octubre de 2011

Vivir en un gran escenario, representando un papel ficticio de manera permanente en una obra de teatro o un culebrón televisivo mal redactado, peor imaginado y desastrosamente interpretado, pero que continúa dando pingües beneficios al director, a los productores y a los actores principales, dejando como meros figurantes al resto del reparto, que además pagamos la entrada a esa gran farsa, puede generar la idea mental de que se vive en la realidad más absoluta, en la verdad incuestionable.

Sin embargo, por mucho tiempo que esté en cartel una obra de teatro o en la parrilla televisiva el culebrón de turno, no deja de ser eso, una representación artística –aunque esta sea de pésimo gusto-, una producción dramática de un pueblo que tendrá su bajada del telón y vuelta a la realidad, sin cortes publicitarios y sin NO-DO periódicos y predirigidos.

Aunque predicable a toda Europa, España es ese gran escenario que, en breve, celebrará un entremés cervantino que dará lugar a la alternancia de los dos protagonistas actuales del serial televisivo. La tecnología partitocrática ha facilitado la separación entre los actores principales y secundarios con el público e incluso con los figurantes, del mismo modo que unas escenas se superponen a unos actores cuyo atrezzo es simplemente una tela azul o verde. Son los profesionales de la realización de la gran farsa los que superpondrán unas imágenes virtuales, dando la sensación de que los ciudadanos eligen, los diputados nos representan, los senadores discuten y debaten con elevado sentido de responsabilidad hacia sus representados y el Gobierno dirige la política interior y exterior y sólo ejerce la potestad reglamentaria. Incluso tienen apuntadores y en el máximo paroxismo los aplausos de “la clá”. Nadie conoce a esos apuntadores (un primo químico experto en Medio Ambiente o cientos de asesores monclovitas) y la clá está bien delimitada y pagada por los productores tan regia obra.

La obra o serial se titula “La España Democrática” y lleva más de 30 años en cartel, ni siquiera superada por el musical “El fantasma de la ópera” de Brodway. Decir que vivimos es una democracia es la tesis fundamental de la obra; el argumento es sencillo: Con la muerte serena de un blando dictador, los grandes prohombres del Estado, olvidando rencores y rencillas, se deciden a caminar al unísono confabulándose para crear en España un Estado social y democrático de Derecho, consagrando en el antaño sombrío y autoritario país una democracia consensuada, en la cual las personas son libres de actos de pillería, delincuencia organizada, crisis económica, paro, nepotismo, corrupción y sálvese quien pueda. La clá ya no aplaude tanto, pero sigue fiel en su gallinero, cada día más estrecho. Los figurantes se han dado cuenta de que no son tales, pues durante la representación, que dura 24 horas de cada día de toda una vida de toda una generación completa, son ellos los que padecen la delincuencia, la corrupción, el despilfarro, el desempleo, las necesidades cada día más acuciantes y la negación de la libertad. Los figurantes cobran conciencia de que, frente a La Gran Farsa, existe una Sencilla Verdad, que no tiene título pero sí sentido: Somos dueños de nuestro destino.

Ahora ya en la realidad, no todo es fantasía, pero sí al menos existe un faro que sin guiar borregamente a los ciudadanos, alumbra el sendero de la Libertad política: El Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional.

 Artículo publicado en www.diariorc.com el 4 de octubre de 2011.

 Han comparecido en la Junta General del Principado de Asturias, presunta sede de los representantes ciudadanos, los Consejeros y Viceconsejeros del Gobierno de la Comunidad Autónoma.

 Quien haya seguido en la medida de sus posibilidades las comparecencias habrá sacado sus propias conclusiones. Ahí van las mías, según mi cerebro me vaya dictando, después de unos cuantos días de reflexión. La enumeración no equivale a la importancia que le doy a unas u otras, pues cada una de ellas, según dónde se quiera colocar el acento, tienen consistencia para encabezar la lista; no es ciencia elaborada, sino mera plasmación de una realidad triste:

1)      La Junta General no representa a los ciudadanos, sino a los partidos políticos allí instalados. Las posiciones no se han adoptado conforme a criterios territoriales (excepto alguno que actuaba con el localismo de, “yo soy de Tineo y conozco la problemática”). Lo democrático hubiera sido decir: “Yo represento a los ciudadanos de Tineo y conozco la problemática”. Esta segunda frase, sencillamente democrática, como decía anteriormente, en el actual régimen deviene a falsa, rotundamente falsa. Y no porque representen a todos los ciudadanos de Asturias (que es más falso aún), sino por la triste razón de que representan a sus respectivos partidos, los cuales habrán dado sus consignas en materia de estrategia, lo cual enlaza con el segundo punto.

2)      La oposición más dura y recalcitrante ha sido la del PP, seguida de la demagógica del PSOE. Los representantes de IU han sido, sin duda, los más correctos en su trato hacia los Consejeros de Foro y los que más han usado eso que se llama “la oposición constructiva”. Por supuesto que los Diputados de Foro sólo cantaban las excelencias de “su” Gobierno, actuando como “oposición a la oposición” (el intercambio de mensajes entre Lastra -merece una entrada específica este señor en el blog- y Pelayo Roces es antológico). No me sorprendió ninguna de las posturas que adoptaron, lo cual no significa que las comprenda -excepto desde posiciones totalmente cínicas- o aplauda. Los políticos profesionales no soportan a los advenedizos ni a los traidores al partido, como ya señalaba en una anterior entrada a este blog. Izquierda Unida parece ser la única fuerza política que se cree lo que hace y dio un sentido constructivo, prudente y sin maldad a la mayoría de sus intervenciones (felicito especialmente a Aurelio Martín). El PSOE aún anda escocido por la derrota y me dio pena su actuación, máxime cuando es el partido saliente del Gobierno del Principado. Trataron a los Consejeros con una arrogancia impropia e inadecuada, aunque es cierto que también recibieron lo suyo, especialmente de los Consejeros de Hacienda y Sector Público, Sanidad y Cultura y Deporte. Como las personas ruines (no digo que lo sean, pues no los conozco, sólo que me dio la impresión que así actuaron) fueron a degüello y sin piedad con los consejeros más noveles, intentado y consiguiendo ponerlos contra las cuerdas y con más precaución y consideración a aquellos que les hicieron frente desde el primer momento. El PSOE me recordó a algún correoso sindicato... Al menos éste actuaba en coherencia; el PSOE sólo lo hace como desahogo del perdedor, fruto de la frustración por lo que se les viene encima los próximos meses. El PP puso en valor la típica frase de que no hay peor cuña que la de la propia madera. ¡Válgame Dios qué tono! A un árbitro en un partido de regional preferente no se le trata peor. Resentimiento, indignación, chulería, prepotencia, incoherencia, etc. Y todo ello adornado con la falta de conocimiento y preparación que algunos de ellos demostraban. PP y PSOE parecían temer los papeles bien definidos y consensuados.

3)      El equipo de Gobierno que ha ido desfilando por la Junta General no ha perdido todo el crédito inicial para mí; no creo, sinceramente, que esté paralizado, por mucho que así lo hayan querido sostener los miembros de la oposición en la Junta. Presenta dos grandes grupos: El de las personas que ya tenían conocimientos en la materia que han asumido y aquellos que han aterrizado y no se han puesto convenientemente al día, aunque si alguien piensa (no se engañen, la oposición también lo sabe, pero son tan sectarios que no lo van a reconocer) que en el tiempo que llevan pueden conocerlo todo, está muy equivocado. A ver, Lastra, ¿qué pregunta es esa de los vuelos a Barcelona?

4)      Los nombramientos de los Consejeros habrán sido hechos con un criterio. ¿Es el acertado? Algún periodista lo dijo y suscribo su frase pero no el significado que él le pretendía dar: “No todos valen para políticos”. Él lo dice en el sentido de defender a los profesionales de la política (las mismas caras para diferentes puestos desde la juventud hasta la jubilación, gracias a la servidumbre fiel al líder del partido y a costa de los impuestos de los ciudadanos, auténticos convidados de piedra del pastel trocado en merienda de negros, para mayor gloria del consenso). Aunque habrá que dejarles tiempo, creo que no son positivos algunos nombramientos. Con el tiempo, todo se soluciona, incluso la vida. ¿Acaso no había en Foro personas con perfil político y/o técnico en las ramas de la Administración Pública? Me extraña mucho. En la Junta General hay políticos de Foro (ex-PP) con un marcado perfil político (de hecho, no creo que hayan hecho otra cosa en la vida). Pero es cierto que no todos valen para todo. O al menos, no todos debieran valer para todo. Me explico: Una persona con el mero certificado de escolaridad puede ser un excelente Consejero de Educación, si de una u otra manera ha estado vinculado profesionalmente en su vida privada a ese sector. ¿Es así en el caso de todos y cada uno de los Consejeros y Viceconsejeros del Gobierno?

5)      La oposición se centra en que no han hecho nada; no estoy de acuerdo. Están sabiendo lo que hay en la Administración, especialmente en lo relativo al presupuesto, para poder empezar a funcionar. ¿Influyen las elecciones del 20-N? Posiblemente. En todo caso, eso no se les debiera escapar a los políticos de la oposición, ya que ellos seguro que también están en el mismo juego.

6)      El nivel general de las intervenciones, excepción hecha de los representantes de Izquierda Unida, fue bajo. PP y PSOE estuvieron más pendientes de criticar y destruir que de saber y proponer. Sólo hay que escuchar las interpretaciones y reflexiones iniciales a las preguntas que formulaban. Por supuesto que las tomas de posición (los últimos 5 minutos que daban a cada grupo parlamentario y al Consejero) ya estaban escritas de antemano.

 Como conclusiones:

a)      Las comparecencias muestran a las claras que los grupos políticos representan a los partidos políticos y los diputados representan a los partidos políticos también, y no a los ciudadanos. ¿Dónde está, pues, la representatividad, basamento de la democracia?

Las comparencias han sido un capítulo más de la farsa del régimen; no interesaba saber, sino criticar a todo lo que se mueva. Y a ello se compelieron los grandes grupos de la oposición.

La sociedad española vuelve a guiarse por los ladridos (cantos de sirena de la partitocracia) de galgos y podencos, todos perros al fin y al cabo, como si fuéramos serviles churras o merinas (ovejas todas). Para la cuota nacionalista, menciono al gos d´atura y a la oveja lacha. Y así, nuevamente asistimos al desparpajo de esta dictadura en la sombra que es la del Estado de partidos.

 No repuesto aún del estupor de la modificación constitucional tramitada como si de una Resolución administrativa se tratara (o más rápida aún, para los que convivimos día a día con actos y actuaciones sometidas al Derecho Administrativo), empiezo a despertarme con las futuras elecciones del 20 de noviembre, la confección de las listas electorales y el enaltecimiento del presidente in pectore, dos caras de la misma falsa moneda: La democracia española. Algunos ejemplos ilustran la antología de este despropósito, de esta máquina de impostura, de este engendro de deslealtad que es el régimen español.

 En declaraciones al programa Informe Semanal, el pater constitucional, Gregorio Peces-Barba, señala que, junto a otros ponentes de nuestra Carta Magna, sentía desafección, animadversión o muchas reticencias por el referéndum, poniendo todas las limitaciones posibles, pues estaban algunos de ellos escarmentados con los plebiscitos franquistas donde votaban un 110% del censo electoral. El argumento quiebra por su base, excepto que se pretendieran mantener, no ya las instituciones del antiguo régimen –maquillaje al margen-, sino los modos de funcionar del mismo, como así sucede. El fraude en el censo electoral como justificación de una decisión restrictiva a la existencia de los referéndum… ¿Por qué no hacerlo extensible a las propias elecciones generales, autonómicas o municipales? No me responde don Gregorio (¡Ah de la Justicia, nadie me responde…!). Por eso se le dio -sigue reconociendo nuestro insigne jurista de la esfera de la filosofía del Derecho-, tanta relevancia y poder a los partidos políticos. Y, así como la propia Constitución exige la participación ciudadana en el funcionamiento de la Administración Pública -artículo 105: La Ley regulará: a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado- y garantiza, como derecho fundamental de los ciudadanos –artículo 23- el de participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (sic), niegan a esos mismos ciudadanos la posibilidad de refrendar decisiones constitucionales, máxime cuando no cuentan con todo el apoyo del arco parlamentario que dice representar al pueblo español.

 Pero el siglo XXI es el de la inmediatez y esa reforma constitucional, aun inconclusa, ha pasado ya a la historia gracias a los medios de comunicación que ya no se ocupan de ella, al movimiento del 15-M que ya no se indigna por ella y a los partidos políticos que están enfrascados en el sorteo de candidatos y aspirantes a las listas electorales. ¿No es deslealtad, no es impostura?

 El caudillo entrante, Mariano Rajoy, ya ha señalado lo difícil que es elegir, y como buen adalid del “dejar hacer, dejar pasar” que ejerce en casi todas las esferas de la vida, excepto en la del ciclismo, dejará hacer al comité electoral del PP y dejará pasar lo que le propongan. Él es así de demócrata. Si tan difícil es ¿por qué no propone que sea el pueblo español el que elija, ya que de éste “emanan todos los poderes del Estado” (artículo 1.2 de la Constitución)? La guerra por estar en las listas ya ha comenzado.

 En Asturias dicen querer los del PP un candidato estrella (¿un filósofo, un intelectual, un héroe de la guerra del Sidi-Ifni? ¿Quién será el tapado, si es que hay alguno, para encabezar las listas del PP en nuestra arcadia asturiana? ¿Por qué no podemos saberlo aún los asturianos? Nos tratan más bien como “asturiasnos”. El PSOE no va a la zaga; consulta con las agrupaciones municipales socialistas y sus secretarios generales, pero al final quien quita y pone es la ejecutiva de turno. Se admiten propuestas, pero no candidatos. Un poco más asambleario, igual de antidemocrático.

Por último, sólo mencionaré la insolente claridad con la que el presidente del Partido Popular de Asturias ha definido estas elecciones generales, fraude del régimen parlamentario, pues esconde un presidencialismo trocado en dictadura personal de cuatro años, gracias a la inseparación de poderes: “Todos los asturianos saben que las únicas opciones es que siga gobernando el Partido Socialista o que gobierne Rajoy, no se habla de otras alternativas”. Los asturianos y los españoles sabemos de esa verdad, pero desconocen los votantes lo que subyace en ella; nos preparamos para otros 4 años de servidumbre, de ausencia de libertad. Plebiscitaremos el yugo otros 4 años. ¿Pero a quién le importa la libertad, cuando los mercados nos arrebatan nuestros ahorros, los bancos nuestras casas y nuestros políticos nuestra sanidad y nuestra formación?

 Ante estos ejemplos expuestos, con frases emanadas de la propia casta, la sociedad española tiene dos alternativas: O cada día más críticos, o cada día más serviles. Esa es la tesitura de los ciudadanos españoles; los comprometidos con la causa de la Libertad Política, sea por evolución personal, biológica o ideológica, por comprobación empírica de la realidad, por análisis científico del régimen político, por la reflexión serena o el aprendizaje de terceros, tenemos ideas-fuerza incorruptibles, por clásicas y verdaderas, que no es menester repetir, por sabidas. ¡A conquistar la libertad que nos pertenece!

 Artículo publicado el 26 de septiembre de 2011 en el Diario de la República Constitucional (www.diariorc.com)