Menores e impunidad criminal

 En el Diario El País de fecha 21 de julio de 2009, aparecía un artículo en el que diversos expertos analizaban las repercusiones sociales de las últimas noticias sobre las violaciones a dos menores, de 12 y 13 años, en Andalucía. Sustancialmente señalaban las siguientes ideas-fuerza:

 1º) No se puede legislar a golpe de noticias.

2º) La Ley del Menor no está lo suficientemente bien desarrollada, en cuanto a los medios a aplicar para el desarrollo de las medidas punitivas y la corrección de los delincuentes menores.

3º) Hasta que no se haga un análisis en profundidad de la realidad social en la que nos movemos, no podemos proponer el cambio de la Ley de Menores, pero las repercusiones que eso puede tener.

 Quisiera ahondar en algunos aspectos de los señalados, si bien he de señalar que me he quedado perplejo con los argumentos expuestos; para una persona que no tuviera clara una postura, la lectura del artículo la habrá decantado, sensu contrario de lo pretendido por el periódico, en firmes defensores de una modificación más dura de la norma, cuando no la derogación de la Ley directamente. Pero en fin, quisiera responder los presuntos argumentos de las personas consultadas en el artículo, por su orden, para posteriormente hacer una reflexión y una propuesta:

 1º) Es cierto que no se puede legislar a golpe de noticias; lo triste es que tengan que salir éstas para que los políticos se rasguen las vestiduras y empiecen a opinar y presuntamente proponer cambios o estudios sobre unas materias en las cuales los profesionales de la justicia llevan años denunciando la situación. Y eso es de sobra conocido. Si no recuerdo mal, afortunadamente el Presidente del Gobierno no convocó a los padres de las dos niñas agredidas a La Moncloa; quizá debiera haberlo hecho, pero para pedirles PERDÓN (en mayúsculas y con propósito de enmienda y de que va a hacer lo posible para arreglar la Ley). La realidad es que muchas veces se gobierna a golpe no ya de noticia, sino de titular de periódico. La política es así; por algo a la prensa la llaman el cuarto poder, ¿o qué se pensaban?

2º) ¿Pues a qué esperan a desarrollar la Ley, a dotarla de medios? Como ya adelantaba anteriormente, desde el primer día no se han podido hacer cumplir las medidas establecidas en la propia norma, porque las medidas previstas son de imposible cumplimiento. Me explico: No hay centros suficientes donde internarlos, ni tampoco están organizados los sistemas de cumplimiento de las famosas penas de “trabajos en beneficio de la comunidad”. ¿Quién controla ese tipo de trabajos? ¿Cuáles son? ¿Dónde se hacen? ¿Por cuánto tiempo? Estas son algunas cuestiones que, a día de hoy, siguen sin resolverse.

3º) El argumento tercero me ha parecido, sencillamente, desalentador. Hasta que no se haga un análisis en profundidad de la realidad social en la que nos movemos, no podemos proponer el cambio de la Ley de Menores, pero las repercusiones que eso puede tener. Pero la primera pregunta que genera ese argumento es obvia: ¿se hizo un análisis en profundidad de la realidad social en la que nos movemos, para aprobar la Ley de Menores?

 Creo que en todas las ciencias la realidad ética, social o económica influye sustancialmente en lo que se investiga y por lo tanto en los resultados que a la sociedad revierten; baste poner como ejemplo la ciencia médica, con esas enfermedades raras que, por no ser económicamente rentables o socialmente conocidas y objeto de preocupación, quedan las investigaciones para su curación en un limbo de las empresas farmacéuticas, a diferencia, por ejemplo del SIDA. Sin embargo, a la ciencia jurídica le influye de manera preocupante la realidad política de la sociedad, hasta el punto de convertir, y es mi opinión sincera, despiadada y pesimista, el Derecho en la prostituta de la política. Y escribo Derecho en mayúsculas y política en minúsculas. Y la Ley del menor no ha escapado de esa realidad.

 A la  hora de la determinación de las condiciones organizativas de una sociedad (que eso es también, aunque no exclusivamente) el Derecho, el estado del conocimiento científico opera como determinante a la hora de asentar criterios. Y así, por ejemplo, es cierto que para la determinación de la capacidad de obrar en las esferas pública y privada, durante decenas de años, sólo pudo existir como determinante el hecho biológico; o sea, la edad o la presunta madurez –que ya se esbozaba-: Y así, fueron necesarios 25 años para la adopción, 21 años la mayoría de edad, luego rebajada a los 18, para poder tener plena capacidad legalmente reconocida (no es momento de mencionar la discriminación a la mujer, que necesitó, hasta 1968, la firma del padre o del marido para comprar un coche, abrir una cuenta corriente, etc.-qué gran papel en la emancipación de la mujer de la Sección Femenina-).

 La Ley política del Menor obvia –o peor, prostituye- el estado del conocimiento científico de esta sociedad del siglo XXI. A no ser que neguemos categoría de ciencia a la Biología, la Psicología, la Medicina, por ejemplo, es absurdo que se siga manteniendo como criterio exclusivamente la mayoría de edad. Porque es imposible negar que la madurez de una persona no se alcanza a determinada edad. Y así, sólo basta ir a un Instituto de Secundaria o a un Colegio a ver qué tipo de personas podemos hallar con 14, 15 ó 16 años: Hay de todo. Y esta Ley no sabe  –no quiere, más bien- abordar de manera valiente y coherente la realidad de hoy.

 No quiero decir con ello que haya que endurecer la Ley porque sí, sino que una Ley será más positiva para la sociedad a la que pretende servir, cuanto más cobertura pueda dar a dicha sociedad, para protegerla y hacerla avanzar. Y habrá personas con 14 años que se merezcan tirar la llave de la celda al pozo y que no salgan jamás de la prisión (con sus debidas garantías de integridad moral y física- porque el Estado protege a la sociedad, no debe actuar como verdugo, torturador o sicario de la misma-) y, en cambio, personas con 16 ó 17 años, directamente, se merecerán otra (u otras) oportunidad para ser dignos de la sociedad y positivos para la misma.

 Ya para terminar esta reflexión, sí ruego varias cosas:

 1ª) Que no utilicen los políticos a las personas ni las situaciones dramáticas de Sandra Palo, Marta del Castillo, Mari Luz, para echar mierda unos contra otros. No sean demagogos, aunque sé que esta petición es imposible, porque es la naturaleza del alacrán.

2ª) Que los culpables, si se dan las circunstancias que señalaba más arriba, no salgan jamás de sus celdas; lo aplico a homicidas, violadores y contumaces delincuentes que usan la agresión física o las amenazas para alcanzar sus fines.

3ª) Que el Código Penal recupere y los jueces apliquen las penas de extrañamiento o destierro. Si como padre, he de vivir con la losa de haber perdido un hijo o una hija, víctima de un delincuente, creo que lo menos que puedo exigir es no volver a ver jamás al bastardo que acabó con la vida de mi hijo o de mi hija; verlo en mi ciudad, en mi entorno, sería lo mismo que volver a vivir lo que hubiera sucedido en su día.